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La posibilidad de que Haití se convierta en un narco-Estado plenamente establecido ha dejado de ser una hipótesis. Según testimonios recogidos por Le Nouvelliste y múltiples informes internacionales, el país caribeño está viviendo una peligrosa simbiosis entre el crimen organizado, estructuras políticas y redes transnacionales de narcotráfico.
Grupos armados como actores políticos emergentes
El control territorial que ejercen las pandillas ha avanzado hasta colocarlas en la antesala del poder. Entre los grupos armados con influencia creciente se encuentran:
- La banda de Izo, que ha movilizado a miembros como Jeff Larose, alias Jeff Canaan, en actividades de tráfico de drogas. Fue parte del asalto a la comuna de Saut-d’Eau (septiembre 2023), motivado por el interés de recuperar una importante carga de armas y cocaína.
- Jeff Canaan controla actualmente Saut-d’Eau, y junto con Lanmo San Jou, otro jefe de pandilla, ha expandido su influencia a ciudades como Mirebalais, donde recientemente se documentó a sus hombres cometiendo actos de barbarie, como jugar fútbol con un cráneo humano.
Conexiones transnacionales y financiación desde Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló en marzo de 2025 que la violencia haitiana está siendo financiada por el narcotráfico procedente de Catatumbo, región del noreste de Colombia fronteriza con Venezuela, donde operan mafias del narcotráfico.
Esta conexión permite que bandas haitianas reciban recursos, armas y municiones a cambio de facilitar el tránsito de droga hacia EE. UU.
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc), publicado en febrero de 2025, identifica a una élite político-militar vinculada al narcotráfico desde los años 80 y aún activa hoy:
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Exmilitares y antiguos agentes de seguridad integrados en la Policía Nacional tras la disolución del ejército.
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Parlamentarios y empresarios haitianos que actúan como intermediarios logísticos para carteles colombianos.
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Varios de estos individuos han operado en Haití y en EE. UU., y siguen activos hasta 2024.
Uno de los casos citados es el de un empresario acusado en 1997 por el tráfico de 30 toneladas de cocaína entre Haití y EE. UU. Fue condenado en 2004 a 27 años de prisión y una multa de 15 millones de dólares, pero liberado y deportado a Haití en 2015.
No se menciona su nombre en el fragmento disponible, pero el informe resalta que varios implicados siguen en funciones.
El papel del poder político: la política como escudo
El informe subraya que obtener un mandato electivo ha sido una estrategia para garantizar impunidad. Tras la elección presidencial de 2011, se reestructuró el aparato de inteligencia para ponerlo al servicio del narcotráfico. Además:
- Policías corruptos fueron integrados como consultores de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional.
- El expresidente haitiano no nombrado directamente, pero descrito como exmúsico y recientemente sancionado por Canadá y EE. UU., es acusado de facilitar el narcotráfico y proteger redes criminales.
- Este personaje utilizó un hotel de Puerto Príncipe como centro de lavado de dinero para carteles colombianos.
Organización criminal “La Familia”
Uno de los grupos señalados por los informes es “La Familia”, activa desde los años 90, involucrada en el tráfico aéreo de cocaína mediante vuelos comerciales. Este grupo tenía vínculos directos con instituciones políticas y policiales.
Sus operaciones consistían en trasladar droga de Colombia a Haití, y de ahí a EE. UU., a través de una red con decenas de actores políticos y del sector privado. Varios de ellos han sido sancionados por EE. UU. y Canadá.
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La cocaína comprada a 1,000 dólares/kg en Colombia se revende en Haití por 5,000–6,000 dólares/kg y llega a EE. UU. con un valor de 15,000–20,000 dólares/kg.
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La ruta incluye el uso de lanchas rápidas, avionetas, caminos terrestres (incluida la República Dominicana), y múltiples actores para disminuir el riesgo de detección.
La captura del Estado y la indiferencia internacional
Fuentes gubernamentales haitianas admiten que el Estado no controla ni el mar ni la costa, lo que facilita la operación de los carteles. La respuesta internacional en especial de la ONU y EE. UU. ha sido tibia.
Algunas fuentes temen que una eventual caída del CPT (Consejo Presidencial de Transición) dé pie a una retirada total de apoyo y a un mayor aislamiento del país.
Este informe no solo describe un escenario de crisis, sino la consolidación de una economía criminal con participación activa de actores públicos. Haití ya no es solo una víctima del narcotráfico, sino un nodo operativo del sistema, con pandillas gobernando territorios, y políticos sirviendo de escudo legal a redes delictivas internacionales.
Fuente:
diariolibre.com